La situación de la educación en Argentina es muy crítica. Este cuadro de dificultades es profundo y de larga data. Desde el retorno democrático a la fecha las iniciativas en la cuestión educativa no llevaron a buen puerto el problema de la recuperación de la educación pública. A continuación se presenta un punteo de esas experiencias.En 1984, por la ley N° 23.114, el gobierno radical de Raúl Alfonsín convocó a un Congreso Pedagógico Nacional supuestamente para atender las deficiencias del sistema educativo pero con el fin de definir si la Educación Pública debía ser Estatal o no Estatal, de lo que dependería si los colegios privados seguirían recibiendo apoyo económico del Estado y si los padres de ingresos medios y bajos podrían elegir el tipo de educación para sus hijos en escuelas de gestión privada. En ese ámbito, primaron dos posturas como la de radicales y comunistas que proponían una educación pública, estatal e igualitaria. Por otro lado, la Conferencia Episcopal Argentina, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Justicialista, la Unión del Centro Democrático, el Movimiento de Integración y Desarrollo que fue la postura triunfante de la idea de una educación sin injerencia estatal.
Ley Nacional de Educación Nacional 26.206 (2006).En su artículo 10 sostiene que El Estado Nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilatelares de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública. En su artículo 7 coloca al estado como garante del acceso a la información y el conocimiento en un proceso de desarrollo económico y justicia social.
Como queda claro el estado debe asegurar no menos de un 6% del producto bruto interno de inversión. Para éste año el Ministro Bullrich anunció un aumento del 58% del presupuesto educativo considerando el período 2016-2017. Ahora éste incremento no es tal si se considera la alta inflación y la pérdida de poder adquisitivo de esos recursos.
El Plan Maestro es la precarización de la educación pública. Esto se pone en evidencia en la reducción de cargos. Fusión de grados y cursos. A esto se puede agregar el dato que de 332 institutos de formación docente solo 162 son estatales. Deterioro de las condiciones profesionales y salariales de los docentes. El vaciamiento del IOMA que impacta en las condiciones de salud de los profesores y maestros. Pérdida de poder adquisitivo del salario por el techo de las paritarias y la posibilidad que se eleve la edad jubilatoria
